Un niño de 7 años discriminado por el sistema educativo, en Ciudad Real

Irá al colegio solo dos días a la semana, ante la negativa de las autoridades educativas a proporcionarle los apoyos que precisa

Jesús es un niño de 7 años que tiene un Trastorno del Espectro Autista. y, en consecuencia, tiene necesidades educativas especiales. Sus padres se muestran indignados con el trato discriminatorio que las autoridades educativas de Ciudad Real vienen dando a su hijo, ante la falta de los recursos que necesita y la vulneración de su derecho fundamental a una educación inclusiva en igualdad de oportunidades.

Nuestro hijo Jesús está escolarizado desde septiembre de 2009 en la modalidad de combinada  (3 días a la semana acude a un colegio de educación especial y dos al colegio ordinario al que siempre fue) por un dictamen de escolarización que se firmó en febrero del 2009. Nosotros firmamos en desacuerdo e hicimos un escrito a la delegación de Educación de Ciudad Real aportando dos informes que decían que no era la mejor modalidad de escolarización para el niño. A ese escrito la delegación ni siquiera respondió“, declara la madre, María.

El niño necesita apoyo a jornada completa para tener toda su escolarización en el centro ordinario, pero dado que la delegación de Educación únicamente se lo proporciona a media jornada, solo puede acudir a este colegio dos días a la semana, mientras que los otros tres ha de acudir a la fuerza al centro de educación especial. “Si Jesús tuviera el soporte que por derecho le corresponde podría acudir todos los días al colegio ordinario, aprendiendo los mismos contenidos que el resto de sus compañeros“, añade indignada María.

La diferencia de normas entre los dos colegios pone muy nervioso a Jesús. que además tiene asociada hiperactividad (para la cual toma medicación). Ante esta situación los padres han decidido que el niño acudirá dos días al colegio ordinario, y el resto de días va a permanecer trabajando en casa, sin escolarizar. Así lo han comunicado por escrito al colegio, a la delegación de Educación y a bienestar social, a la espera de que en una próxima revisión del dictamen de escolarización quede zanjado el asunto.

Es un caso evidente e inadmisible de violación del artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de obligado cumplimiento en España desde mayo del año 2008, en que fue ratificada –junto con su Protocolo adicional- por el gobierno de nuestro país.

Por desgracia, situaciones como esta no son nuevas en nuestro país, donde continuamente se vulneran las leyes y se ningunea a las personas con diversidad funcional (discapacidad), no respetando sus derechos humanos, ante la impunidad general de la sociedad, los tribunales y la clase política que nos representa.