La organización SOLCOM, para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto 374/201, que regula las cuantías máximas de las prestaciones económicas de la Ley de Dependencia, al considerar que estas son insuficientes y apenas cubren las necesidades básicas de los beneficiarios.

La cuantía máxima a percibir establecida por la Ley de Dependencia es de 836,96 euros al mes, una cantidad, que según la presidenta de SOLCOM, María Luisa Ruíz Jarabo, “no es suficiente ni para cubrir cuatro horas de asistencia personal al día”, cuando una persona con Gran Dependencia puede llegar a necesitar hasta seis veces más.

“Este decreto nació para promover la autonomía personal, el acceso al empleo y a la educación, pero no llega ni para las necesidades básicas, y menos para acompañarte al trabajo o a la Universidad”, explica María Luisa.

Tanto en el artículo 19 de la Ley de Dependencia como en el mismo de la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, se reconoce el derecho de este colectivo a vivir una vida plena y a recibir la asistencia personal necesaria para que esto sea posible.

El Real Decreto, aprobado el pasado 26 de marzo, revaloriza la cuantía máxima de las prestaciones económicas para aquellas personas que sean o hayan sido reconocidas como grado III, Gran Dependencia, niveles 1 y 2; y grado II, Dependencia Severa, niveles 1 y 2, estableciendo una máxima cuantía de 836 euros al mes.