La asistencia personal. Una oportunidad real

Autores:José Antonio Nóvoa Romay, Miguel Rueda Brenes, Coral Hortal Japón
Foro de Vida Independiente y Divertad, octubre de 2011

La costosa apuesta por el ladrillo y la incapacidad político-administrativa para atender las necesidades de las personas. La asistencia personal una oportunidad sostenible a la vista.

Foro de Vida Independiente y Divertad, octubre de 2011

Aviso: las referencias o menciones realizadas en este estudio se hacen sin ánimo de crítica o desaprobación de las entidades o personas a las que citamos, únicamente como fuentes de datos ciertos, para explicar el contraste entre dos fórmulas de provisión de servicios.

Cifras que llaman la atención poderosamente

  • Según el informe realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales 309.800 personas se encuentran en el “limbo de la dependencia”. Tienen reconocido un grado y nivel que les da derecho a recibir las prestaciones y servicios del Sistema, pero aun no se les ha aprobado el PIA que les permite recibir de manera efectiva estos servicios o prestaciones(1) .
  • El presupuesto anual con que cuentan el conjunto de las ayudas a la dependencia es de 1.500 millones de euros (cincodias.com,30/05/2011).
  • La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), que cuenta con 2.400 centros residenciales asociados, con 154.000 plazas y 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio, divisa el futuro en clave de ahorro de costes determinado por la difícil situación financiera de muchas empresas del sector, por falta de recursos públicos comprometidos (cincodias.com, 07/10/2011).
  • Comunidades autónomas pierden importantes cantidades del presupuesto asignado al SAAD porque no han sido capaces de realizarlos objetivos convenidos (elpais.com, 6-7-2011, 8-7-2011; levante-emv.com, 24-6-2011; que.es, 23-6-2011):

“Con los nuevos criterios de reparto, recogidos en el Boletín Oficial del Estado, la Comunidad Valenciana es la que más ha perdido: recibirá 4,5 millones menos que en 2010; después Galicia y Madrid, que pierden 2,5 y 2,3 millones respectivamente; y después Canarias, Cataluña y Asturias. Ganan Andalucía (más de nueve millones), Murcia (1,3), Castilla-La Mancha (1) y Cantabria (633.000 euros)”

  • Las expresiones “lenta gestión de las prestaciones”, “bajo número de personas atendidas” o “ralentización de la gestión”, sortean lo sustancial de tan manifiesta incapacidad, extraordinariamente llamativa en el caso de la Comunidad Valenciana:

“La Generalitat pierde 17 millones para la Dependencia por su ´inadecuada´ gestión (2010 y 2011)”

Quizá la financiación del SAAD no sea suficiente pero, ciertamente, hay una incapacidad para realizar el derecho y atender las necesidades de las personas. Probablemente, si anteponemos las personas a los ladrillos el sistema mejorará mucho.

La necesidad social y el deber legal de la atención a las personas en situación de dependencia no significa una “patente necesidad de construir residencias”, que más bien se debe a la utilización política de tal obligación por los partidos políticos y a las pretensiones de los grupos de interés de los sectores sociosanitario e inmobiliario proyectadas sobre el presupuesto de la dependencia, orientando la aplicación y condicionando su eficiencia económica y la eficacia para las esperanzadas personas sujeto del derecho.

El reflejo seguidista de los medios de comunicación de masas y del tercer sector contribuye a reforzar la lógica segregacionista.

El imponente volumen del negocio inmobiliario enfocado sobre las residencias desplaza a un plano residual(2) la posibilidad de ejercer el derecho a vivir incluidos en la comunidad de las personas en situación de dependencia(3) .

La residencia en dinero, un sencillo ejemplo

Según el portal inforesidencias.com, “aproximadamente la mitad de las residencias que funcionan actualmente en España tienen menos de 50 camas y pocas (muchas de ellas públicas o de religiosas) tienen más de 100”.

Conforme a datos de diversas fuentes del sector y medios de comunicación, podemos determinar que la residencia tipo cuenta con instalaciones y equipamiento adecuados para personas en situación de dependencia, dispone de 60 plazas para residentes internos y el coste de la inversión es de 5.000.000 de euros.

Independientemente del coste del suelo, al indagar sobre la inversión que requiere una residencia se pueden observar variaciones que oscilan entre 3,5 y 8 millones de euros para inmuebles de características similares. También podemos encontrar anuncios de presupuestos que al final de obra reflejan importantes aumentos sobre la inversión prevista (p.ej., un presupuesto de 8 millones de euros que alcanza 10 millones; Diari de Sabadell, 12-02-2011 –residencia Can Roqueta-).

Definiremos nuestro ejemplo tomando cifras de diversos proyectos reales acordes al perfil de residencia tipo:

Tabla. 1
Barcelona; J. R. Pastor, Arquitecto(4) 4.916.800,00€ 60 plazas
La Línea; Contrat Ingeniería y Obras(5) 4.420.583,00€ 100
Mancha Real; Ayuntamiento(6) 4.050.093,60€ 100
Anguiano; Gobierno La Rioja (7) 7.193.146,86€ 62

Determinamos que “nuestro proyecto de residencia” tendrá una capacidad de 64 plazas de internado que requieren la inversión de 5.145.155,87 €.

En detalle, extrapolando de las fuentes de Tabla 1 a nuestra residencia tipo:

Tabla. 2
Construcciones: 4.167.672,57€
Honorarios Facultativos: 365.757,69€
Equipamiento: 611.725,61€
Depreciación hacia valor residual de la construcción: 15 años
Depreciación de vida útil del equipamiento: 10 años
Coste del suelo: se supone cero euros (p.ej., cesión pública)

En una estimación confiada podemos decir que desde el momento en que se toma la decisión formal de construir la residencia, hasta que el primer residente entra por la puerta de la institución transcurrirán cinco años. En ese tiempo han de realizarse múltiples desarrollos políticos, técnicos, materiales y burocráticos, todos ellos sujetos a eventualidades y dilaciones difíciles de medir a priori: aprobación del suelo, contratación de proyecto técnico, realización de proyecto, obtención de licencias, ejecución obras y equipamientos, obtención de permisos de apertura, inicio de actividad, selección y contratación de personal, asignación de plazas, etc.

Para que la residencia sea operativa es preciso afrontar los costos del personal, del mantenimiento de los equipos e instalaciones y de los múltiples suministros necesarios. En una residencia de referencia estatal(8) para atención a personas en situación de dependencia el coste de personal de cada plaza es 3.359,40 € al mes(9)

Tras invertir 5 millones de euros y después de 5 años, 64 ciudadanos que estaban en limbo de la dependencia ya podrán ser internados y residir segregados, sobreviviendo con paciencia, sin otra esperanza.

La opción a escala humana, un ejemplo de eficiencia

El denominador común de los apoyos que precisan las 64 personas en situación de dependencia para realizar las actividades de su vida cotidiana es el binomio asistencia personal y ayudas técnicas, y ello independientemente de los servicios especializados que individualmente, igual que los demás ciudadanos, puedan requerir y que se encuentren en la comunidad. Es posible vivir dignamente disponiendo de asistencia personal.

Supongamos una persona con diversidad funcional que precisa de apoyos generalizados. Si esta persona cuenta con el apoyo característico de un asistente personal (AP) adecuado a sus necesidades y tiempos podrá realizar su vida en condiciones de normalidad ciudadana.

Puesto que a día de hoy no se ha regulado la figura laboral del asistente personal nos fijaremos en los diversos convenios laborales del sector de la ayuda a domicilio (pese a que la labor del AP se desarrolla dentro y fuera de la vivienda). Por término medio, el coste mensual de un trabajador del sector es de 1500 € por una jornada de 38,5 horas semanales( 10) .

En la variedad de nuestros 64 ciudadanos con diversidad funcional, es probable que haya personas que precisan más horas de asistencia que las que puede aportar un AP, y que otras personas se arreglen con menos horas de asistencia. Si consideramos que el apoyo personal tipo va a consistir en 3 trabajadores a media jornada para cada uno de los 64, el importe del coste de personal será de 2.250,00 € por persona y mes.

Un AP operativo tan sólo precisa un contrato de alta en la Seguridad Social y la persona que recibe el servicio dirigiendo sus tareas. Se ahorran todos los costes de mantenimiento de equipos, instalaciones y de suministros, etc. Sólo en lo referido al capítulo de personal, proporcionar AP a 64 ciudadanos significa un ahorro respecto a la residencia de 852.019, 20 € al año.

La puesta en marcha de un sistema público de AP, desde el momento en que se toma la decisión formal de promover y dotar de presupuesto, sólo requiere la realización de una orden administrativa que regule la prestación, que sería efectiva en un período que va de 3 meses a 1 año.

Una vez reconocido el derecho a percibir la prestación económica de AP transcurrirán unos pocos días hasta que se haga efectivo el servicio; el tiempo necesario para elegir uno o varios APs adecuados y efectuarlos correspondientes contratos laborales y altas en la Seguridad Social. Periódicamente se justificará el gasto realizado con un simple trámite documental.

Sin necesidad de inversión previa y en unos pocos días, nuestros 64 ciudadanos evitan el limbo de la dependencia, disponiendo de autonomía personal y pudiendo vivir en el lugar donde ellos elijan, incluidos en la comunidad. Más allá de las suposiciones, la realidad muestra desde 2006 que la Oficina de Vida Independiente de Barcelona es capaz de proveer AP con un presupuesto de 2.469,00 €/mes por persona(11) .

Una noticia en perspectiva de coste de oportunidad

Dice la noticia:

“La Comunitat Valenciana ha recibido en dos años -2010 y 2011- alrededor de 17 millones de euros menos del Gobierno central para el desarrollo de la Ley de Dependencia por su “inadecuada” gestión para tramitar la normativa.”

(12)

Hagamos un ejercicio de traducción. Supongamos que disponemos de esos 17 millones de euros, veamos qué sucedería si los convertimos en servicios residenciales o en asistencia personal.

Alternativa1.

La administración decide dar cobertura asistencial a 64 personas construyendo una residencia.

Disponible: 17.000.000 – (Residencia: 5.145.155,87 €) =Remanente: 11.854.844,14 €

Si tomamos el Remanente y le aplicamos el Coste mensual de la plaza de residencia (3.359 €), las 64 personas dispondrán de presupuesto para personal durante 4,59 años. Téngase en cuenta que es una apreciación muy optimista puesto que no se imputan otros gastos, como los costes derivados de la centralización burocrática y del mantenimiento ordinario, y que, mientras se construye la residencia, los residentes pasarán al menos 5 años en el limbo.

Residencia: elección ineficiente e insostenible que ralentiza la aplicación de la ley en perjuicio de sus beneficiarios.

Alternativa 2.

La administración decide proveer la prestación de asistencia personal a 64 personas.

Tomamos el crédito Disponible de 17 millones de euros y le aplicamos el Coste mensual del apoyo personal tipo (2.250 €): las 64 personas dispondrán de presupuesto para asistencia personal durante 9,84 años. Téngase en cuenta que la disponibilidad es casi inmediata y no hay más gastos.

Asistencia Personal: elección triplemente buena; para el ciudadano usuario del sistema, para el contribuyente y para la administración pública.

Notas:

  1. Datos ofrecidos por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) La prestación de AP supone el 0,1% del total de prestaciones del SAAD. Hay 8 regiones donde la prestación de AP no se da; el País Vasco cuenta con 631 de un total de 794 concedidas en toda España.
  2. inmoley.com, Revista de Prensa.
  3. http://www.grupocontrat.es/index.php?option=com_content&view=article&id=114:construccion-residencia-de-ancianos-la-linea-de-la-cocepcion&catid=25:ultimas-adjudicaciones&Itemid=93
  4. http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=440247&IdDoc=461508
  5. Téngase en cuenta que “referencia” no hace alusión a los centros así nombrados administrativamente, nos referimos a las residencias que efectivamente pueden ser tomadas como referencia para nuestro estudio.
  6. Gestión Económica y Presupuestaria. Informe Anual 2008. IMSERSO. (puesto que la residencia es una institución cerrada, y los riesgos para la seguridad de los residentes son conocidos y mal afrontados, naturalmente, se ha elegido como fuente un centro de estatal, puesto que se le supone cierta ventaja en los recursos y una más exigente fiscalización de su actividad y de las condiciones de seguridad de las personas internadas.)
  7. Dada la variación encontrada entre los convenios colectivos que regulan el sector de la ayuda a domicilio, en este estudio fijamos un coste equilibrado entre los máximos y los mínimos establecidos para los salarios de auxiliar de ayuda a domicilio.
  8. Tabla Proyecto Piloto “Hacia la Vida Independiente”. Barcelona 2009.
  9. elmundo.es, 24-06-2011.