Soy usuaria de silla de ruedas motorizada y nunca he tenido problemas para viajar en avión. El pasado 3 de diciembre, con motivo del día internacional de las personas con discapacidad, me disponía a viajar de Barcelona a Lisboa donde me habían invitado como ponente a una conferencia sobre vida independiente. No pude realizar ese viaje porque la compañía aérea TAP Portugal me denegó el acceso alegando que las baterías de mi silla eran material peligroso porque excedían los watios permitidos para la seguridad del transporte aéreo y por ese motivo mi silla debía viajar como carga en un avión de mercancías. El motivo para prohibirme volar estaba completamente injustificado porque mis baterías cuentan con la autorización correspondiente de la Asociación Internacional de Transporte en Aerolíneas (IATA).

La situación que viví en el aeropuerto es ilegal, vulnera los derechos humanos por motivos de nuestra diversidad funcional y atenta contra el derecho fundamental a la libre circulación y a la no discriminación, derechos respaldados por toda una serie de normativas internacionales como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con discapacidad y el Reglamento 1107/2006 del Parlamento Europeo relativo a los derechos de las personas con movilidad reducida en el transporte aéreo.

No podemos permitir que las agencias de trasporte infrinjan las leyes impunemente imponiendo criterios de admisión arbitrarios y políticas internas que restrinjan o prohíban el acceso a un grupo de pasajeros por nuestra condición. Las autoridades en el marco del aeropuerto, AENA y Guardia Civil, deben protegernos en el momento de los hechos y evitar estos atropellos.

Menos Día Internacionales y más respeto por los Derechos Humanos.

Núria Gómez Jiménez