“Cuatro horas al día de independencia es vivir en un presidio”

María Luisa Ruiz Jarabo, presidenta de Solcom

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A finales de 2009, con la determinante participación del movimiento asociativo gallego, se constituyó Solcom, la primera entidad orientada a la defensa de los derechos de la diversidad funcional (discapacidad) en el terreno judicial. Bajo los principios del Foro de Vida Independiente, que reivindica el derecho de las personas en situación de discapacidad a autodeterminarse y participar de forma plena de su ciudadanía, Solcom ha dado el salto a los tribunales, con el objetivo de allanar el camino de la justicia a quienes, por falta de medios o información, sufren la vulneración de derechos reconocidos en la legislación. La asociación, que rechaza subvenciones públicas y se nutre de la colaboración voluntaria de juristas de toda España, ha recurrido el decreto gallego que regula la asistencia personal (entre otras prestaciones reconocidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal) y la norma estatal que fija las cuantías máximas para cubrir los servicios reconocidos a las personas en situación de dependencia. La asociación gallega de usuarios de asistencia personal (Vigalicia) y Solcom celebraron ayer en Santiago la jornada Diversidad Funcional e Dereitos, con la colaboración de Caixanova, Ayuntamiento de Santiago y Fundación Granell. María Luisa Ruiz, presidenta de Solcom, estuvo allí.

El recurso contra la norma gallega sostiene que se priorizan los centros residenciales frente a la asistencia personal en el propio entorno ¿Cómo se concreta esa diferente asignación de recursos?

Lo natural es que las personas, independientemente de sus características funcionales, de su sexualidad o de su origen étnico, vivan incluidas en la sociedad, que es lo que dispone la Convención de la ONU (de derechos de las personas con discapacidad). La asignación presupuestaria debería favorecer la autonomía personal, priorizando los recursos que apoyan la vida independiente sobre aquellos que segregan y excluyen. En la lógica de derechos humanos, no es admisible dedicar una cantidad de dinero para que una persona tenga asistencia personal y el doble para que esa persona viva segregada en una residencia.

Se estima en 3.000 euros al mes el coste de una plaza de residencia para una persona en situación de discapacidad ¿Cuántas horas de asistencia personal puede cubrir esa misma cantidad?

Mediante pago directo y autogestionando la asistencia personal, una persona podría vivir independiente en su lugar habitual, evitar costes de oportunidad y tener una familia independiente, generar empleo en su entorno, acceder a estudios, empleo y ocio, ser considerado un ciudadano como cualquier otro y mejorar su calidad de vida.

En el mismo recurso se denuncia que la asistencia personal se desincentiva al aplicar un mayor nivel de copago que a los centros de día o residencias. ¿Son más rentables para la Administración estas fórmulas?

Las prestaciones se generan con nuestros impuestos y el copago es una fórmula de reiteración del pago (repago) aplicada a algo que ya se ha sufragado previamente. Además, penalizar con repago a quienes, aun en situación de dependencia, se esfuerzan en trabajar y desarrollar alguna actividad económica envía un mensaje que desincentiva la autonomía y favorece la dependencia. Es probable que las administraciones no hayan comprendido que ni el Estado ni nadie debe dictar las vidas de las personas con diversidad funcional.

En cuanto al decreto estatal, Solcom cuestiona las cuantías máximas previstas para dar cobertura a las prestaciones reconocidas en la ley de atención a la dependencia, 836 euros para el grado III y nivel 2, el más alto. ¿Cuántas horas de un asistente personal cubren?

Menos de cuatro horas diarias de asistencia personal, teniendo en cuenta que hay que hacer frente a las obligaciones sociales. Cualquier persona que haga el ejercicio de imaginarse a sí misma disponiendo únicamente de cuatro horas al día de independencia, quizá tendría la impresión de estar viviendo en un presidio.

¿Fue consciente España de lo que implicaba ratificar la Convención de la ONU e incorporarla a su reglamento interno?

El Gobierno no tuvo en cuenta lo que supondría ratificar la Convención, ya que esta es incompatible con más de 120 normas y leyes vigentes en España, que tendrán que ser modificadas. Además, el cambio de paradigma que implica la Convención supone replantear una distribución de los presupuestos que vaya laminando la segregación y la dependencia, favoreciendo la inclusión desde la escuela hasta más allá de la jubilación.

¿Hay más recursos en marcha?

Está en estudio otro contra la ley de interrupción del embarazo por discriminar a los no nacidos por su diversidad funcional. Es preciso reclamar la igualdad de derechos desde antes de nacer, si no estaremos aceptando una cultura de discriminación.

Solcom también apoya reclamaciones a nivel particular. ¿Cuáles son los incumplimientos más comunes?

Los más comunes y despiadados afectan a la educación de los niños con diversidad funcional, que sufren continuamente la segregación por parte de las administraciones, que están empeñadas en escolarizarles en centros que les apartan de sus compañeros y vecinos, invisibilizándolos y devaluándolos como personas desde la infancia.

Santiago de Compostela. 25/06/2010. AUTORA: Rocío Lezcano FOTO: Fernándo Blanco. FUENTE: ElCorreoGallego.es