Las entidades sociales piden que se dé prioridad al asistente personal antes que al ingreso en residencias

«A mí, contar con un asistente personal me ha cambiado la vida, por eso lo quiero para todos», dice Núria

Núria Gómez nunca se hubiera imaginado que una pregunta formulada en televisión pudiese levantar tanto revuelo. Ella, que es trabajadora social, tiene 35 años y por una lesión medular se mueve en silla de ruedas, acudió el jueves pasado al programa Tengo una pregunta para usted, de TVE, en el que puso en aprietos tanto a José Montilla, actual presidente de la Generalitat y candidato del PSC, como a Joan Puigcercós, candidato de ERC, que acudió al día siguiente. A ambos les preguntó por qué la Administración privilegia el acceso a las residencias de las personas dependientes en vez de ayudarles económicamente para que puedan tener un asistente personal y puedan vivir en su casa. Pero la pregunta se convirtió en un bumerán porque otros medios de comunicación anunciaron al día siguiente que ella ya recibía ayuda de un programa del Ayuntamiento de Barcelona y se la acusó de ocultar esos datos.

La respuesta de las entidades ha sido rotunda. ECOM, un movimiento asociativo que aglutina a más de 175 entidades de personas con discapacidad física de toda España, ha recordado a la Generalitat que «la asistencia personal regulada por el Govern no garantiza el derecho a una vida independiente de las personas con discapacidad», tanto por las limitaciones en el importe económico como por el número máximo de horas para los cuidadores. La Red Europea de Vida Independiente (ENIL) señaló la necesidad de «reparar la imagen pública de Núria y abrir un debate sereno y argumentado sobre cómo queremos ser atendidos cuando necesitemos apoyos para las actividades cotidianas, quizás así la campaña electoral resulte, después de todo, útil». El Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID), al que pertenece Núria Gómez, ha recordado que ella «hizo referencias personales en aras de la simplicidad imprescindible para los pocos minutos disponibles, y no para buscar una solución personal a su caso concreto» y ha lanzado una campaña de réplica: «Yo también soy Núria y temo que me investiguen por plantar cara a Montilla«, en alusión al hecho de que con posterioridad se han divulgado datos personales sobre las ayudas que percibe.

Núria Gómez le dijo a José Montilla que la ley de la Dependencia sólo le concede el equivalente económico a una hora y cuarto de asistente y que a ella, debido a su estado, eso la condena a vivir en una residencia. «Y yo no quiero ir a la residencia», añadió. Y, ya al final, entre los aplausos del público y la traducción al castellano (las preguntas y las respuesta eran en catalán) se oye a Montilla decir: «Si me da los papeles atenderé su caso» y a Núria contestando: «No es mi caso, es el de toda la población…».

La misma pregunta la formuló Núria al día siguiente y en el mismo programa a Joan Puigcercós, y este, pese a defender la ley, también hizo un amago de autocrítica al concluir su intervención con la frase: «Lo tendremos en cuenta».

Núria Gómez participa desde hace cuatro años en un programa piloto del Ayuntamiento de Barcelona, con financiación de la Generalitat, junto a otras siete personas, que les da derecho a contratar un asistente personal durante las horas que lo requieran para poder tener una vida independiente. En su caso, necesita del asistente entre 11 y 13 horas diarias durante los 365 días al año, lo que la obliga a contar con cuatro personas distintas al día, y ello representa un coste de 4.100 euros al mes. Pero gracias a esta ayuda ha podido vivir sola («ya no necesito ver a mi madre»). Sin embargo, para el conjunto de los acogidos a este programa el coste medio de los asistentes es de 2.700 euros al mes, lo que resulta más barato que el coste medio de una residencia, estimado en 3.231 euros mensuales, sin contar que gracias a poder realizar vida independiente han podido trabajar y han generado empleos indirectos. Núria Gómez trabaja como coordinadora de este proyecto de asistencia personal y se encarga de la gestión relacionada con la contratación de una veintena de asistentes desde la cooperativa que formaron los afectados. Forma parte además del Foro de Vida Independiente que nació en el año 2001 como una comunidad virtual para reclamar sus derechos y en el 2004 se constituyó en una entidad activa. «Mi pregunta se formulaba desde un yo colectivo y en un plano político, no personal, como se ha pretendido disfrazar. Me resulta absurdo verlo de otra manera, no entiendo que se solucionen los casos a nivel particular», dice. Pero, incluso al margen de ello, recuerda que este programa «finaliza el próximo mes de diciembre y, aunque confiamos en que se prorrogue, no deja de ser un plan piloto, y si se acabase me vería obligada a volver a una residencia donde ya estuve cuatro años».

La residencia fue para ella una experiencia poco recomendable:

«Había un régimen con horarios estrictos, y te sientes indefensa ante un trato que no siempre es el adecuado, pero lo principal es que no puedes escoger a la persona que te ha de cuidar, ni organizarte, ni puedes trabajar, ni viajar. A mí, entrar en ese programa me cambió la vida, por eso quiero que todo el mundo pueda ejercer el control sobre su vida y tener una actividad más digna, por eso fui a la televisión, para arrancar un compromiso político, por eso hablé en nombre de todos, y no sólo en el mío. Mi gran delito fue hacer uso del ejercicio de ciudadanía y desmarcarme de ese estereotipo de pedigüeña de ayudas sociales y exigir los derechos que nos pertenecen por ley».

«La residencia, último recurso»

El presidente de la Generalitat, José Montilla, reconoció en Tengo una pregunta para usted que la ley de la Dependencia «creó muchas expectativas» y que no se han podido atender todas ya que «desplegamos la ley y no sabíamos lo que costaría». Núria Gómez, trabajadora social tetrapléjica, le preguntó porque la Generalitat no invierte en asistentes personales lo que gasta en residencias. Y añadió: «Yo no quiero ir a la residencia». Montilla dijo: «Lo que me dice me parece razonable, la residencia debe ser siempre el último recurso». La misma cuestión la formuló Núria al día siguiente a Puigcercós y éste respondió que el acceso a las residencias «ha ido por delante» pero se va a corregir. Y recordó que la ley ha permitido atender a 140.000 personas, cuando la mitad no recibía ayuda alguna.

Barcelona. 18/11/2010. AUTOR: Josep Payá Maset. FUENTE: LaVanguardia.es