La ley especifica quien puede ser candidato para el pago directo. Pueden ser personas con cualquier tipo de deficiencia (lo que incluye a personas con discapacidad física, discapacidad intelectual, y personas que tienen discapacidad por enfermedad, como las enfermedades mentales) que utilicen, o podrían utilizar, asistencia de los servicios sociales.

La ley también especifica que el pago directo no se puede ofrecer a personas afectadas por la legislación de salud mental, como los pacientes incapacitados o sujetos a supervisión.

Todo aquel que recibe el pago directo tiene que «querer y poder» gestionarlo, con ayuda si es necesario. Aunque otras personas puedan ayudar a la persona que recibe el dinero, el receptor tiene que gestionar todos los procedimientos y ser responsable del modo en el que se usa el dinero. Los servicios sociales de tu ayuntamiento deciden si piensan que tú «quieres y puedes» gestionar el pago directo.

Aunque lo recibas (o cumplas los requisitos para recibirlo), los servicios sociales municipales pueden decidir que no tienes derecho al pago directo. Hasta que la Health and Social Care Act sea efectiva (probablemente en abril de 2002), es potestad de cada ayuntamiento decidir si ofrece o no el pago directo. Cuando la Health and Social Care Act sea efectiva, las autoridades
locales tendrán que proveer el pago directo a las personas que lo soliciten y cumplan los requisitos. No obstante, las autoridades locales todavía tendrán que estar de acuerdo en que la persona «quiere y puede» gestionarlo.

Se puede obtener información más detallada sobre la Community Care (Direct Payments) Act 1996 y sobre cómo las autoridades locales pueden implementar esta ley, a través del folleto del departamento de salud referenciado en la
sección de publicaciones al final de esta guía.